18 AÑOS BAJO LA SOTANA DE LA MENTIRA .

0 110

Se cumplen 18 años de la muerte de Monsenor Gerardi y Conedera, a manos de X PERSONA que jamas ha sido identificado plenamente, que se cataloga como LOS CRIMENES PERFECTOS..perfectos porque tienen que callar. A QUIEN LE CONVENIA MARTIRIZAR A UN CURA en las visperas de la supuesta PAZ..?

Es tan bruto el Ejercito  para “quebrarse” a un cura, sabiendo el costo politico que implicaba el crimen..?.

Los grupos de izquierda se aglutinaron para imputarle el crimen al ejercito para dar un golpe moral y profundo al ejercito .Incluso el exterrorista , lanza 6 posible teorias o hipotesis del crimen, pero en ninguna de ellas INMISCUYE A LA IZQUIERDA, se cuido de no hacerlo

Las mordeduras de perro

El 17 septiembre de 1998, Después de varias solicitudes de la ODHAG y la Iglesia Católica es exhumado el cadáver de Gerardi a petición del fiscal Ardón. Al día siguiente el forense español Dr. José Manuel Reverte Coma examina el cadáver y confirma que el obispo Gerardi fue atacado por el perro Balú.

En su hipótesis el forense español Reverte muestra con fotografías las marcas de mandíbula de perro en el rostro y cráneo de Gerardi, y expone que la sangre encontrada en la casa parroquial correspondía a la de Orantes.

La banda Valle del Sol

El 4 enero de 1999 se hace cargo del caso el fiscal Celvin Galindo, quien afirma  investigar todas las hipótesis, casualmente ese día un ex juez, Juan Carlos Solís Oliva, familiar de los militares sospechosos, afirma haber visto un informe de inteligencia militar (coroneles Rudy Pozuelos y Villagrán) en el cual concluye que: Gerardi fue asesinado por la banda Valle del Sol, con la que estaría involucrada Ana Lucía Escobar, sobrina del Canciller de la Curia Efraín Hernández. La hipótesis se basa en la denuncia de una guatemalteca residente en Canadá, que algunos dicen es ex-cuñada de Efraín Hernández, Canciller de la curia. Esta mujer le habría escrito a Gerardi cartas revelando la implicación de Orantes, de monseñor Efraín Hernández y de su sobrina Lucía Escobar con la banda Valle del Sol, dedicada al robo de imágenes y pinturas religiosas. Esta hipótesis la rechazó la iglesia, pero el fiscal Galindo la tomó en cuenta. Mons Hernández posteriormente renunció a la cancillería del arzobispado.

 

———————————————————————-

 

BAJO LA SOTANA DE LOS DERECHOS HUMANOS ESTO DICEN ELLOS…!!

quien asesino a Gerardi y porque la iglesia no profundiza y que reze quien fue el autor de la muerte de Monsenor y dejar libre a Lima Byron que esta pagando una condena de un crimen que no cometio.
“””””EL GENOCIDIO DE GUATEMALA

Ficha Técnica del Libro – Índice – Autor: Prudencio García
CAPÍTULO 3.-
LOS GRANDES CRÍMENES DE ESTADO DE LA DÉCADA DE LOS 90.
JUICIOS Y SENTENCIAS.
BALANCE GENERAL DE LAS RELACIONES EJÉRCITO-SOCIEDAD EN LA GUATEMALA DE FINALES DEL SIGLO XX Y PRINCIPIOS DEL XXI

ÍNDICE del Capítulo 3

3.1. Asesinato del obispo Juan Gerardi (1998)

a) Alteración del escenario del crimen. Sucesivas versiones falsas y calumniosas
b) Primeras denuncias de participación militar en el crimen. Amenazas y hostigamientos. Avances nulos de la investigación oficial
c) Resultado de las indagaciones de la Misión de la ONU en su tarea de verificación sobre el caso Gerardi
d) Testimonios sobre el asesinato del obispo. Nuevas amenazas. Revelación por MINUGUA del modelo de actuación militar clandestina para este tipo de crímenes
e) Detención de los presuntos culpables. Captura, liberación y nueva captura del presunto autor material del crimen
f) Acusación formal contra los militares imputados. Nuevos hostigamientos y amenazas a jueces, fiscales y testigos
g) Apertura del juicio oral. Nuevos obstáculos y entorpecimientos
h) Celebración del juicio oral. Sentencia condenatoria, tan justa como inesperada
i) Nuevo triunfo de la impunidad: revocación de la sentencia condenatoria en el caso Gerardi. Posterior anulación judicial de esta revocación. Nuevos asesinatos de testigos
j) Publicación de un libro al servicio de la impunidad. ‘Segunda muerte’ de monseñor Gerardi
3.2. Caso Mack: nuevo y escandaloso éxito de la impunidad

a) Primera sentencia: prisión para los jefes imputados (un general y dos coroneles)
b) Patético retroceso de la justicia: anulación de la sentencia y liberación inmediata de los tres jefes procesados, incluido el condenado por asesinato
c) Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
d) Sentencia final de la Corte Suprema de Guatemala
e) Ceremonia de reparación moral. Reconocimiento público por el Estado de Guatemala de su responsabilidad institucional en el asesinato de Myrna Mack
3.3. El caso Carpio, otro notable crimen de Estado, perpetrado en defensa de la impunidad militar

3.4. Retención por el Ejército de grandes espacios sociales que no le corresponden

3.5. Patética falta de voluntad política en defensa de los derechos humanos y los valores democráticos. Ejemplo ilustrativo de esta actitud

3.6. Desolador resultado del referéndum constitucional de 1999

3.7. Factores para una cierta esperanza, en materia de relaciones Ejército-Sociedad, en la frontera del nuevo siglo

a) Caso Noack: reconocimiento público por un coronel guatemalteco en activo de los excesos cometidos en Guatemala por la institución militar
b) De la admisión de errores al reconocimiento de horrores
c) Afirmación del ex presidente Vinicio Cerezo: “Evolución claramente positiva”
d) Sorprendente pronunciamiento de la más alta autoridad militar profesional de Guatemala
e) Otros indicios de la existencia de algún sector militar opuesto a la línea represiva y al mantenimiento de la impunidad
f) Sentencias judiciales emitidas entre 2001 y 2004. Aparición de fisuras en el fuerte muro de la impunidad
g) Anuncio oficial de reducción de los efectivos del Ejército. Aprobación de la nueva Doctrina del Ejército de Guatemala
h) Consideración final sobre estos factores de esperanza
3.8. Factores negativos todavía subsistentes, pese a los positivos elementos ya registrados

 

a) Prolongada e injustificable resistencia a la renovación del obsoleto Código Militar de 1878
b) La impunidad militar, aunque algo erosionada, se resiste violentamente a desaparecer
c) Grandes similitudes entre los casos Mack y Gerardi en cuanto a los contumaces mecanismos de la impunidad
d) Otro nuevo instrumento al servicio de la impunidad
e) Balance general: considerable resistencia al cambio profundo, todavía evidente en áreas de gran importancia nueve años después de los Acuerdos de Paz

El panorama de las relaciones civiles-militares en Guatemala en estos ocho años transcu­rridos desde la firma de la paz en 1996, no puede calificarse precisamente de satisfactorio, salvo algún punto aislado –también lo señalaremos- que puede calificarse de positivo y esperan­zador. Examinemos primero algu­nos hechos sumamente negativos, dignos de destacar por su importancia y gravedad.

3.1. ASESINATO DEL OBISPO JUAN GERARDI (1998). SUCESIVOS ENTORPECIMIENTOS DEL PROCESO Y DE LA INVESTIGACIÓN A LO LARGO DEL PERIODO 1998-2001. JUICIO CON FALLO EJEMPLAR (2001) Y SU POSTERIOR ANULACIÓN (2002). RESTABLECIMIENTO DE LA SENTENCIA INICIAL (2003)

Entre las 10 y las 10’30 de la noche del 26 de abril de 1998 el obispo Juan Gerardi Conedera, obispo auxiliar de la diócesis de Guatemala, fue asesinado a golpes en la cabeza y la cara con un objeto contundente -un pesado bloque de cemento de forma irregular que apareció, ensangrentado, junto al cadáver- en su propia residencia, la casa parroquial de la iglesia de San Sebastián, en pleno centro de la capital. Dos días antes había presen­tado oficialmente, en solemne acto celebrado en la catedral metropolitana, el informe “Guatemala: nunca más”, fruto del Proyecto Interdiocesano de “Recupe­ra­ción de la Memo­ria Histórica” (REMHI), que él personalmente dirigió, y que –co­mo ya hemos visto en numerosas citas anteriores- aporta en sus cuatro tomos un enorme volumen de testimonios sobre las terribles violaciones de derechos huma­nos producidos por la represión militar durante el pasado conflicto civil que padeció su país.

 

a) Alteración del escenario del crimen. Sucesivas versiones falsas y calumniosas

El escenario del crimen fue inmediatamente alterado -“contaminado” en términos policiales- por la actuación encubridora de miembros del EMP que estuvieron en la casa y sus alrededores. Algunas de tales personas fueron vistas y reconocidas como militares pertenecientes a dicho ser­vicio. Los agentes del FBI, cuya colaboración fue inmediata­mente solicitada, verificaron la altera­ción del escenario:

“El 29 de abril de 1998 (dos días y medio después del asesinato) los expertos del FBI señalaron que la escena del crimen había sido contaminada. Ni la Policía Nacional Civil ni el Ministerio Público ordenaron sellar el área para preservar las evidencias.” (340)

“Asimismo, el comandante general de la Policía Nacional Civil reconoció pública­mente que en la escena del crimen había encontrado a dos oficiales del Estado Mayor Pre­sidencial (EMP), a quienes había solicitado retirarse inmediatamente.” (341)

La placa de un vehículo que permaneció aparcado cerca de la casa parro­quial mientras se cometía el crimen también fue posteriormente investigada e identificada como perteneciente a un organismo militar, dato que acabaría adquiriendo gran importancia, como veremos después.

Inicialmente se intentó, de forma sistemática, desviar las sospechas en distintas direcciones. Primero se culpó y detuvo, como sospechoso principal, al indigente Carlos Vielman, que habitual­men­te pernoctaba en la calle en las proximida­des de la ca­sa parroquial. Sin embargo, su muy escasa estatura (poco más de 1’60 me­tros) y el hecho de tener un brazo lisiado le incapacitaban para golpear fuertemente en la cabeza, con un objeto voluminoso y pesado, agarrado con ambas manos, a un hombre como Gerardi, de estatura superior a 1’80. Estas evidencias motivaron finalmente su liberación tres meses después.

Pero no fue ésta la principal cortina de humo sobre la verdadera autoría del crimen, sino otra mucho más insidiosa, y que fue extraoficialmente difundida desde los propios servicios de informa­ción: que el obispo había sido muerto por “un móvil pasional”. Para ello se filtró arteramente a ciertos organismos, y especialmente a los medios de comunica­ción, la existencia de un supuesto infor­me en el que se establecía esta hipótesis, que convertía en principal sospechoso del crimen al sacerdote Mario Orantes, colabo­rador del obispo en las tareas pastorales, y que también residía en la misma casa parroquial.

Con esta calumniosa versión –basada en una supuesta homosexualidad de ambos protago­nistas- se intentaba un doble objetivo: no sólo desviar las sospechas, alejándolas de los verdaderos autores para centrarlas en una falsa dirección, sino también despresti­giar gravemente al obispo, o, lo que es lo mismo, a su obra más definitiva y contundente: el informe REMHI. En otras palabras: una vez más, se intentaba burda­mente achacar el asesinato a un delito común, según la práctica habitual en Guatemala para este tipo de importantes crímenes de motivación política, como ya pudo verse, entre otros, en los anteriores casos Carpio y Mack.

Como añadidura a los intentos distractivos antes citados, cabe citar la grotesca pretensión de incluir, dentro del ataque al obispo, una supuesta agresión del perro perteneciente al sacerdote Mario Orantes, su ya citado cola­bo­rador. Tras unos primeros informes periciales que apoyaron esta hipóte­sis, el análisis de las fotos y estudios forenses posteriores concluyeron que no hubo agresión alguna por parte del animal. El argu­men­to inicial de que la placa fotográ­fica de su dentadura mostra­ba dos incisivos superiores que supuestamente coinci­dían con dos entrantes en las heridas de la cara del obispo –argu­mento invocado inicialmente por algún forense- quedó posteriormente descalificado por otro equipo de expertos cuando se comprobó que la cita­da ima­gen foto­gráfica había sido amplia­da en un 25%, lo que dio lugar a esa supuesta coinciden­cia.

Por añadidura, toda posibilidad de ataque del perro quedó descartada cuando los veterinarios constataron que aquel animal, pese a su tamaño y su raza -pastor alemán-, tenía una edad tan avan­zada, equivalente a más de 80 años para un ser humano, que su estado le incapacitaba para cualquier esfuerzo, pues padecía graves dolencias articulares y serios problemas de movimiento, por lo que resultaba ya incapaz de cualquier agresión:

“Posteriormente, el informe médico-veterinario comprobó que el perro Balú no era capaz de saltar hasta la altura de monseñor Gerardi, ya que estaba terminalmente enfer­mo de la espina dorsal y podía morir en cualquier momento.” (342)

Estas evidencias obligaron a olvidar la ridícula idea de la agresión canina. Pero durante algún tiempo, la intervención del perro Balú fue esgrimida como elemento de culpa para su amo, que llegó a ser presentado por algunas versiones como único culpable, atribuyendo la muerte del obispo a la agresión conjunta del cura y de su perro, aunque la de éste último -se decía- no hubiera resultado decisiva en el resultado mortal.

b) Primeras denuncias de participación militar en el crimen. Amenazas y hostigamientos. Avances nulos de la investigación oficial

No fue fácil vencer la obstinación del fiscal Otto Ardón en su afán por ignorar la hipótesis más natural de todas las posibles, en un país como Guatemala y para un caso como el de Gerardi -la hipótesis del crimen político planificado por los militares-, aferrándose en cambio a las más extrava­gantes hipótesis de distrac­ción. Pero estas retorcidas hipótesis –pu­ras corti­nas de humo- fueron des­va­neciéndose por su propia inconsistencia y falsedad, para ir dando paso a la enorme verdad que se trataba de ocultar.

El paralelismo con el caso salvadoreño de la UCA resulta inevitable. También allí los autores del múltiple asesinato de los padres jesui­tas lanzaron cortinas de humo –em­pleo engañoso de un arma habitual en la guerrilla, falsos mensajes pintados en las paredes, desaparición deliberada de pruebas- para ocultar la verdadera autoría de su acción criminal. Sin embargo, la verdad se abrió paso al fin. En el caso Gerardi -como en otros- las tácticas distractivas de los militares guatemal­tecos se revelaron más sofistica­das y complejas que las de sus colegas salvadoreños, y su pantalla de ocultación duró más tiempo, gracias, entre otras cosas, a la actitud del fiscal Otto Ardón, que impidió y retrasó cuanto pudo el enfoque correcto de la investigación. Aun así, finalmente tuvo que ceder ante la presión de la verdad:

“La hipótesis del crimen pasional se desvirtuaba por momentos, pero el fiscal especial seguía negándose a investigar cualquier otra hipótesis. Así, el 6 de octubre, ante la presión de los organis­mos de derechos humanos y la pérdida de credibilidad de su hipótesis, el fiscal aceptó tomar decla­ra­ciones a seis militares. Lamentablemente, el fiscal se limitó a escucharlos sin hacer preguntas so­bre el caso.” (343)

En efecto, ni siquiera un fiscal tan tendencioso y obstruccionista como Ardón pudo evitar que la hipótesis más racional e insoslayable fuera abriéndose paso por varias vías. De hecho, la participación en el crimen de varios militares del EMP venía siendo señalada por diversas fuentes con creciente contundencia y reiteración:

“La Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Centroamé­rica (CODE­HU­CA) aseguró el 6 de octubre de 1998 tener pruebas irrefutables de que el obispo Juan Gerardi fue asesinado el pasado 26 de abril por cinco miembros del Estado Mayor Presidencial (EMP), entre ellos un coronel. Esto fue señalado en la capital de Costa Rica por el coordinador de CODEHUCA, el guate­mal­teco Factor Méndez.” (344)

Pero ya dos meses antes de este comunicado, la ODHAG (oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala), como resultado de sus propias investigaciones, había proporcionado al Ministerio Público los nombres de dos militares presuntos partici­pantes en el crimen:

“El capitán primero de infantería Byron Lima Oliva, destinado en el Estado Mayor Presi­dencial (EMP) el día que asesinaron a monseñor Juan Gerardi, y su padre, el coronel de infantería retirado Byron Lima, son los dos militares investigados por el Ministerio Público (MP) por su supuesta vinculación con el crimen contra el prelado.” (345)

El presidente de la República, Alvaro Arzú, había constituido a raíz del asesinato del obispo una denominada “Comisión de Alto Nivel”, con la supuesta misión de potenciar la investigación e impulsar las pesquisas efectuadas para la resolución del caso. Tal comi­sión estaba formada por el canciller Eduardo Stein, el ministro de Gobernación, Rodolfo Mendoza, y otros colaboradores directos del presidente. Pronto pudo verse que aquella comisión sólo tuvo una finalidad momentánea y puramente superficial, de cara a la fachada exterior: la de acallar, dentro de lo posible, el clamor internacional provocado por el asesinato del obispo, dando la imagen de que realmente se pretendía investigar y resolver el caso con rapidez.

 

Lamentablemente, el funciona­mien­to de aquella comisión sólo pudo calificarse de penosa, pues no hizo otra cosa que bloquear los únicos datos válidos para el esclareci­miento del caso. Así se evidenció, por ejemplo, cuando los investigadores de la ODHAG entregaron -harto ingenuamente- a dicha comi­sión el número de placa del coche que permaneció en las proximidades de la casa parroquial durante el asesinato de Gerardi, y, más aun después, cuando proporcionaron el nombre de dos militares -uno de ellos capitán del EMP- presumible­mente implicados en el crimen, con objeto de que tales datos fueran debidamente investiga­dos. Dichos datos, que meses después se revelarían decisivos para la resolución del caso, fueron, sin embargo, olímpicamente ignorados por la citada comisión, utilizando –respecto al principal sospechoso- el argumento más torticero que quepa imaginar:

“Cuando el equipo laico de la Iglesia Católica, que instaba a investigar la hipótesis política del asesinato, les pidió a los miembros de la comisión oficial que investigaran una placa de un vehículo militar anotada por un testigo en la escena del crimen la noche del asesinato del obispo, sus pesquisas (sic) no condujeron a resultado alguno. Posterior­men­te, cuando se les pidió que investiga­ran a un capitán del Ejército, miembro del Estado Mayor Presidencial de Arzú, sospechoso de haber participado en el asesinato, los delega­dos del Gobierno respondieron que ‘no podían investigar a alguien que cuida al presiden­te’.” (346)

He aquí una de las más explícitas y desvergonzadas confesiones de una impunidad flagrante, asumida como la cosa más natural del mundo. Inaudita argumentación, según la cual aqué­llos que “cuidan al presidente”, trabajan­do en su EMP, siempre podrían utilizar los medios de este poderoso organismo para cometer toda clase de crímenes, sin que puedan ser investigados jamás. Porque, según esta degenerada mentalidad, demostrativa de una moral absolutamente pervertida, ¿cómo van a ser inves­ti­ga­dos como posibles sospechosos aquéllos que se ocupan supuestamente de la seguridad presidencial?

 

A pesar de estas y otras actitudes obstruccionistas, pronto otros nombres se añadieron a la lista de militares presuntamente implicados:

“Los nombres de un coronel de infantería, un mayor de aviación, y dos capitanes también se mencionan en un documento que está en poder del Ministerio Público.” (347)

“A ellos se les señala por encubrimiento y por haber facilitado medios y recursos al capitán Lima Oliva, quien cuatro días después del crimen salió del país, aunque no se pudo confirmar si ya volvió o permanece fuera en alguna misión oficial.” (348)

“El fiscal especial Otto Ardón confirmó que la información obra en su poder, e indicó que su responsabilidad, tal como lo establece la ley, es investigar.” (349)

Pero su investigación en este sentido -a diferencia de su tenacidad en las falsas direcciones ante­rio­res- iba a ser prácticamente nula. El día 1 de noviembre Ardón iniciaba sus vacacio­nes, y a continua­ción presentaba su renuncia al caso, que abandonaba en diciembre. A su vez, el juez instructor, Isaías Figueroa, se excusaba de seguir al frente del caso, abando­nándolo tam­bién en los primeros días de 1999. Una vez más, y ello no tardaría en repetir­se, el aban­dono de jueces y fiscales venía a ratificar algo ya bien conocido: la débil y viciada contextura de la justicia guatemalteca, incapaz de llevar adelante con la necesa­ria eficacia aquellos casos en que el delito es grave y los acusados pertenecen a la insti­tución militar.

En enero de 1999 fue nombrado un nuevo fiscal, Selvin Galindo, y, en febrero, un nuevo juez, Henry Monroy. Pero ambos iban a pagar muy pronto las consecuencias de entrar en el caso con demasiada honradez y con el peligroso propósito de averiguar la verdad:

“El nuevo juez ordenó una nueva reconstrucción de los hechos. A partir de marzo de 1999 (a casi un año del crimen) el nuevo fiscal Selvin Galindo abrió la investigación sobre todas las hipótesis posibles, incluyendo la del crimen político.” (El paréntesis perte­nece al texto original, si bien dice ‘dos años’ en vez de uno, por evidente error involunta­rio que nos hemos permitido corregir). (350)

“El juez Monroy ordenó varias diligencias que el fiscal anterior se había negado a realizar (…). Pero Monroy no pudo concluir las diligencias. A finales de marzo de 1999 se vio forzado a renunciar debido a presiones de funcionarios del gobierno de Arzú (…). También fue objeto de amenazas, como llamadas telefónicas, controles y hostigamiento en plena vía pública.” (351)

Las presiones, chantaje incluido, y las amenazas anónimas recibidas determinaron que el juez Monroy no sólo abandonara el caso sino también el país, exiliándose en Canadá:

“El primer juez que decidió investigar sobre la hipótesis del crimen político, Henry Monroy, también tuvo que salir del país. En septiembre (de 1999, exiliado ya en Canadá) declaró que antes de su salida recibió la visita del asesor de inteligencia de la presidencia, funcionario muy cercano al presidente Alvaro Arzú, Howard Yang, quien le habría solicita­do que no otorgara la libertad condicional al sacerdote Mario Orantes (ya detenido por el juez anterior) y que siguiera la pista del crimen pasional, bajo amenaza de publicar ‘graba­cio­nes de espionaje’ (viejas grabaciones efectuadas años atrás por los servicios de inteli­gen­cia) so­bre las actividades universitarias del juez.” (352)

Esta combinación de acciones hostiles -descarado chantaje, protagonizado por un alto funcionario del entorno presidencial, junto con las amenazas anónimas y el hostiga­miento físico- resultó superior a la capacidad de resistencia del juez. Otro tanto sucedió con el fiscal, que hubo de exiliarse rápidamente en los Estados Unidos:

“En el mes de septiembre (1999) el fiscal Selvin Galindo declaró que, después de la entrega del segundo examen de ADN, el caso estaba por concluirse. Inmediatamente aumentaron las amenazas que Galindo venía sufriendo, controles y autos sospechosos enfrente de su casa. Unos días después Galindo renunció al caso y salió repentinamente del país, aduciendo que las amenazas no solamente iban contra él sino también contra su familia.” (353)

En estas condiciones, la investigación, como no podía ser de otra forma, siguió siendo lenta, dificultosa y rodeada de toda clase de obstáculos e intentos de intimidación.

En efecto, a lo largo del caso Gerardi las amenazas, intimidaciones y hostiga­mientos a testigos, abogados, fiscales, jueces y militantes de derechos humanos se han venido produciendo de forma ininterrumpida, como vamos a ver.

En abril de 1999, al cumplirse ya un año del asesinato del obispo, Amnistía Internacional no sólo hacía notar el avance prácticamente nulo de la justicia en el caso que nos ocupa, sino también las amenazas sufridas por los que señalaban la verdadera línea de investigación, que obviamente no era la del delito común:

“Los testigos, jueces, abogados, autoridades eclesiásticas y otros que han sugerido un posible vínculo político en el caso han sufrido amenazas y hostigamiento. El caso más reciente sucedió el pasado 16 de abril (1999), cuando varios individuos armados inva­dieron el hogar de Ronald Ochaeta, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzo­bis­pado y ampliamente conocido como el brazo derecho de monseñor Gerardi.”

“Los hombres amenazaron a una empleada doméstica y apuntaron con un arma de fuego a la cabeza del hijo de cuatro años de Ochaeta. Dejaron además, como siniestro mensaje, un bloque de cemento, en clara referencia al objeto utilizado para asesinar al obispo Gerardi.” (354)

Obsérvese, para empezar, el dato del bloque de cemento como firma de los autores. Fue la forma inequívoca de decir: “Somos los mismos que ejecutamos al obispo. Si la ODHAG no abandona el caso, haremos lo mismo con usted.” Toda posible idea de delito común –robo, crimen pasional, etc.- quedaba absolutamente desvanecida, incluso para cualquier ingenuo que todavía creyese en tal posibilidad.

Seguía diciendo el comunicado de Amnesty:

“La lentitud y falta de resultados en el caso Gerardi y en el reciente incidente contra Ronald Ochaeta demuestran una vez más que las autoridades guatemaltecas no han con­se­guido desembarazarse de los hábitos del pasado.”

“Es inaceptable que, transcurrido ya un año del asesinato del obispo Gerardi, la comunidad internacional de derechos humanos continúe a la espera de conocer la ver­dad.”

“La ineficacia de la investigación oficial llevada a cabo hasta ahora ha sido denunciada por MINUGUA (Misión de Naciones Unidas en Guatemala) entre otros orga­nis­mos, y sólo reciente­mente los investigadores oficiales han demostrado estar dis­pues­tos a examinar las posibles motivaciones políticas del crimen.” (355)

Episodios como el de la intimidación a Ochaeta, junto a otros hechos y evidencias, descali­ficaron de tal forma la hipótesis del delito común que hasta los investigadores oficiales empezaron a asumir la posibilidad de las motivaciones políticas. Esta hipótesis, que, dada la naturaleza del crimen y los amplios antecedentes similares ya registrados en Guatemala, debió ser la primera y más directa vía de indagación, empezó a ser finalmente considerada por los investigadores oficial­mente obligados a hacerlo, es decir, por el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil. Entre tanto, aquellos otros organismos -como la ODAGH o MINUGUA-, que enfocaron desde el principio sus averiguaciones bajo la hipótesis mucho más realista y objetiva del crimen político, fueron siempre por delante en los avances de la investigación.

 

c) Resultado de las indagaciones de la Misión de la ONU en su tarea de verificación sobre el caso Gerardi

Ya en enero del año 2000, y con escasos días de intervalo, ocurrieron varios hechos de importancia desigual, todos ellos derivados de esta más acertada línea de investigación.

El día 12 de enero MINUGUA hizo público un informe sobre el caso Gerardi y otros 54 hechos violatorios de derechos humanos, en el que manifestaba que “desde el principio no había descartado la hipótesis del móvil político en el asesinato del obispo auxiliar de Guatemala y la eventual participación de personas vinculadas a organismos del Estado.” (356)

Como resultado de este enfoque, y dentro de sus responsabilidades de verificación en materia de derechos humanos, MINUGUA manifestaba haber reunido nuevos “elemen­tos de convicción” sobre el involucramiento de ese tipo de personas y organismos “en la planificación y aportación de medios para el asesinato del obispo.” (357)

Como sólido punto de partida, MINUGUA señalaba la experiencia de casos anterio­res, dentro de la misma década de los años 90, afirmando que:

“…los elementos que permiten asociar el asesinato del obispo a miembros de los cuerpos de seguridad que actuaban de forma clandestina se detectaron en otros casos de impacto social que (la propia MINUGUA) ha verificado, como el asesinato en 1990 de la antropóloga Myrna Mack, del religioso marista Moisés Cisneros en 1991, y del ex candida­to presidencial Jorge Carpio en 1993, entre otros.” (358)

“Muchas de las víctimas tenían en común actividades de defensa de los derechos humanos, lo cual podía designarles como blancos para grupos que, dentro de la Doctrina de Seguridad Nacional, eran considerados subversivos.” (359)

 

Con todos estos antecedentes, resultaba insoslayable incluir a Gerardi como víctima de ese mismo modelo de actuación represiva clandestina. Refiriéndose concre­tamente al caso del prelado, y recordando su larga trayectoria en defensa de los derechos humanos, que le valió el exilio forzado por varios años cuando era obispo de Quiché (así como el desmantelamiento y evacuación temporal de dicha diócesis entre 1980 y 1984 para salvar la vida de sus sacerdotes, tras varios asesinatos y atentados), decía el informe citado:

“Durante el enfrentamiento armado guatemalteco, la trayectoria de Gerardi y su defensa de los derechos humanos, en particular en el departamento de Quiché, fueron consideradas subversivas.” (360)

Si se unen estos antecedentes lejanos al mucho más reciente y demoledor informe REMHI, dirigido por el propio Gerardi y tan repetidamente citado en páginas anteriores, la hipótesis del asesinato de motivación política era imposible de eludir.

Refiriéndose a las fechas anteriores y posteriores a su asesinato, decía el mismo informe de la Misión de la ONU, como resultado de su propia verificación:

“El obispo fue objeto de seguimiento para conocer su rutina diaria, y sus líneas telefónicas fueron intervenidas. Se seleccionó la casa parroquial de la iglesia de San Sebastián como escenario propicio para perpetrar el crimen y luego desviar la investi­gación hacia el entorno humano de la víctima.”

“Funcionaros estatales divulgaron en altas esferas gubernamentales y ante la co­mu­ni­dad internacional la existencia de motivos pasionales, induciendo a la marginación del móvil político, lo que introdujo factores de confusión que favorecieron la impunidad de los responsables.”

“El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) han sido ineficientes para aclarar el asesinato del prelado guatemalteco.” (361)

Igualmente, la citada Misión de la ONU, asumiendo su falta de atribuciones judicia­les, subrayaba que:

“…la verificación del caso Gerardi (por MINUGUA) no pretende sustituir a las inves­tigaciones de los órganos competentes, sino que persigue cooperar para que se esclarez­ca el crimen y se sancione a los responsables.” (362)

d) Testimonios sobre el asesinato del obispo. Nuevas amenazas. Revelación por MINUGUA del modelo de actuación militar clandestina para este tipo de crímenes

Al día siguiente de la difusión del informe citado, un despacho de la agencia EFE (13-1-00) informaba, entre otras cosas, de lo siguiente:

“Tres testigos presentados como anticipo de prueba en los tribunales por la Oficina de De­rechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), entre ellos dos ex mili­tares que ya salie­ron al exilio, vincularon al Estado Mayor Presidencial (…) con el planea­miento del crimen.” (363)

Cabe decir que la “salida al exilio” de testigos que prestan declaración, involucrando a militares en crímenes importantes, no tiene nada de extraño en el ámbito guatemalteco, dada la directa amenaza que tales declaraciones significan para sus vidas. Si incluso los jueces y los fiscales se ven amenazados hasta el punto de recurrir al exilio, resulta más comprensible aún que los simples testigos se vean forzados a proteger sus vidas saliendo del país.

Aludiendo a la escasa duración de jueces y fiscales asignados al caso, víctimas de todo tipo de presiones y amenazas, decía el mismo despacho:

“El proceso para esclarecer el crimen lo han conocido ya tres jueces e igual número de fiscales, pero de momento no hay ningún detenido.”(364)

“Un juez, Henry Monroy, y un fiscal, Selvin Galindo, se exiliaron en Canadá y Esta­dos Unidos, respectivamente, por amenazas de muerte.”(365)

“El arzobispo primado, Próspero Penados, ha acusado al Gobierno que presidió Alvaro Arzú de encubrir a los responsables del crimen.” (366)

Aludiendo a la promesa del actual presidente de la República, Alfonso Portillo, que anunció que renunciaría a la presidencia de la República si no lograba resolver el caso Gerardi, terminaba así el despacho citado:

“Monseñor Penados espera que Portillo cumpla su promesa, y afirmó que Arzú (el presidente anterior) no pudo aclararlo ‘porque están involucrados el Gobierno y los milita­res’.” (367)

El hecho de que la máxima autoridad católica del país –el arzobispo primado- se expresara en estos términos reflejaba su plena certeza sobre un hecho ampliamente conoci­do en Guatemala -la implicación de fuerzas estatales y militares en este tipo de crímenes-, realidad que, por razones ob­vias, no todo el mundo puede permitirse el lujo de proclamar públicamente con tan rotunda claridad.

Pocos días después (17-1-00) se hacía público el Décimo Informe sobre Derechos Humanos de MINUGUA, el cual daba a conocer, con un carácter más general (más allá del específico caso Gerardi, que también quedaba incluido), el modelo de actuación ilegal y clandestina que utilizaron en Guatemala los aparatos del Estado durante los años de la represión, para eliminar a personas de importante significación social.

El informe confirmaba “la participación de cuerpos de seguridad y grupos de elite del Ejér­cito en asesinatos de relevancia nacional.” (368)

“En asesinatos como los de monseñor Gerardi, Myrna Mack, Jorge Carpio, Edgar Alfredo Ordóñez, el marista Moisés Cisneros, el catedrático Apolo Carranza y el pastor evangélico Manuel Saquic, para citar algunos ejemplos, se intentó encubrir el móvil político del crimen y la participación de agentes del Estado.”

“Las víctimas habían tenido participación en actividades pastorales, políticas, periodísticas o de alto perfil, y por su ideología o actuación (cada una de tales víctimas) era considerada como un enemigo interno para el Estado o la institución castrense.”

“A pesar de que la trayectoria de las víctimas hacía obligada la hipótesis del móvil político en su asesinato, los órganos competentes desecharon prematuramente esa línea de investigación (…)” (369)

En todos estos casos -según precisa el informe- se intentó responsabilizar a delin­cuen­tes comunes que actuaban supuestamente por su cuenta. Además, en tales casos se practicaron, desde los organismos oficiales, la “desin­forma­ción y manipulación de hipóte­sis”, la “alteración de la cadena de custodia de la evi­dencia” (custodia y control de las pruebas, que fueron repetidamente alteradas o hechas desapare­cer, como se recordará especialmen­te en el caso Carpio), así como acciones contrarias a “la preservación de la escena del crimen”, mediante su deliberada alteración, para el establecimiento de pruebas falsas y la ocultación de las verdaderas. (370)

Evidentemente, tras las previas experiencias ya conocidas de importantes crímenes políticos cometidos según este patrón o modelo de actuación, resultaba imposible sustraer de él al caso Gerardi; pero, como ya vimos, así se intentó por distintas vías de distracción. Finalmente, sin embargo, empezó a imponerse la hipótesis más fundamen­tada, que, además, comenzó a recibir el necesario apoyo testimo­nial.

En cuanto a los tres testigos antes citados, que declararon ante la nueva jueza Flor de María García Villatoro, dos de ellos eran militares. Uno de éstos, Aguilar Martínez, prestó sus servicios en el propio Estado Mayor Presidencial durante nueve años, incluido el día del crimen, y posterior­mente a éste, hasta una semana antes de efectuar su declaración testimonial. Durante esos nueve años de servicio en el EMP recorrió diversos puestos, hasta llegar al de subjefe de servicios, que fue su última función. Se trataba, por tanto, de una persona bien conocedora de las particularidades internas de ese centro militar.

Según su declaración, el asesinato de monseñor Gerardi habría sido preparado y planificado por oficiales del EMP. La operación tenía asignada una duración total de 18 horas, desde las 6’00 hasta las 24’00 del día 26 de abril. Eso significa que la planificación incluía todas las fases (disposición de los vehículos, reunión del personal participante, instrucciones detalladas para éstos, exploración y limpieza previa del terreno, ejecución del crimen y posteriores acciones de cobertura, incluida la contaminación del escenario). Según su versión, quienes estaban a cargo de la operación eran el mayor Francisco Escobar Blas, el capitán Byron Lima Oliva, y otro oficial, identificado como capitán Dubois.

He aquí los hechos –inevitablemente fragmentarios- que el testigo Aguilar Martí­nez pudo presenciar desde su puesto en el EMP, a partir de las 18’00, hora en que inició su turno de servicio:

“Desde las 18 horas del 26 de abril hasta las cero horas del 27 de abril surgió una situación irregular en el Estado Mayor Presidencial (EMP) que rompió con la cotidianidad del lugar (…). El 26 de abril recibí a las 18 horas el servicio; el compañero me entregó el turno y me dijo que estábamos ‘sin 18’ (código que significa ‘sin novedad’, indicó Aguilar). El jefe de servicio era el capitán Du­bois, y yo el subjefe. A las 20’30 se movilizó un vehículo Trooper color rojo, placas P 8201, en el cual viajaban el mayor Francisco Escobar Blas y el especialista Galiano, además de dos especialistas que pertenecen al servicio de protección, antes conocido como la G-2. Dichos oficiales se encar­ga­ron de limpiar la zona del crimen, para poder operar. (…) El capitán Dubois me indicó que omi­tiera tomar noveda­des de la entrada y salida de vehículos, así como las de especialistas, y que sólo aten­die­­ra al teléfono y al personal. Agregó que a partir de ese momento quedaba prohibido circu­lar por el callejón Manchén. (…) El callejón Manchén es una calle estrecha que conduce desde el Pala­cio Na­cio­nal de la Cultura, pasando frente a varias puertas de las oficinas del EMP, y llega hasta el par­que de San Sebastián, donde se encuentra la casa parroquial en que vivía monseñor Gerardi.” (371)

En hora bastante posterior, tal vez en torno a las diez de la noche, desde su puesto de control de entradas y salidas, Aguilar Martínez vio entrar en el EMP otro vehículo, en el que viajaba el capitán Lima Oliva, acompañado de cuatro sujetos, tres de ellos con el rostro cubierto con gorras negras, con visera hasta las cejas y gafas oscuras.

 

A partir de ahí, el testigo detalla lo siguiente:

“Al descender, Lima Oliva se dirigió al pasillo que conduce al despacho del coronel Rudy Pozuelos, en aquel entonces jefe del EMP. (…) De esa oficina regre­sa­ron Pozuelos y Lima, quienes abordaron el vehículo que había ingresado. En el asiento trasero iban los tres muchachos (los de rostro cubierto) y un joven (de rostro descu­bierto). (…) Cinco minutos más tarde recibí una llamada: ‘Mira, avisa que hay un 18’ (situación con problemas). El capitán Dubois tocó una sola vez el timbre, y movilizó a toda la gente. Yo fui relevado a las 12 de la noche.” (372)

Un testigo que se hallaba en el parque en las horas del crimen (10 a 10`30 de aquella noche) informó haber visto en las inmediaciones de la casa vehículos de características similares a los descritos por Aguilar, y, al apreciar algo extraño, tomó nota de la matrícula y color de uno de ellos (color blanco, placa P-3201). Dato, éste último, que fue negligentemente despreciado por largo tiem­po por los investiga­dores oficiales, pero que acabaría posterior­mente adquiriendo gran impor­tancia en la investi­gación.

El ya citado testigo militar, Aguilar Martínez, reveló también que aquel vehículo de color blanco que fue visto en las inmediaciones de la casa parroquial fue precisamente uno de los que, en aquellas fechas, estaban asignados al EMP.

 

Conocedor del peligro máximo que corría tras efectuar estas revelaciones, Aguilar Martínez, inmediatamente después de prestar su testimonio ante la jueza García Villatoro, escapó al exilio lleván­dose consigo a su familia.

Aparte de la declaración de los tres testigos ya mencionados (dos de ellos ex militares, que hubieron de exilarse por evidentes razones de seguridad), también iba a producirse otro importante testimonio: el de Rubén Chanax Sontay, uno de los indigentes o mendigos que en la noche del crimen pernoc­taban en las proximidades de la casa parroquial:

“La titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, Flor de María García Villatoro, tomó declaración, como prueba anticipada, a Rubén Chanax Sontay, a solicitud de Mario Leal, uno de los funcionarios del Ministerio Público (MP) asignados a la investigación de la muerte del obispo Gerardi.”

“Leopoldo Zeissig, fiscal del caso, explicó que el testigo rindió su versión de lo que le consta en torno a los hechos registrados el 26-4-98, cuando el religioso fue asesinado.” (373)

La declaración de este testigo ocular iba a tener consecuencias directas e importantes en la mar­cha del caso, pues presenció la llegada al escenario del crimen del capitán Byron Lima acompa­ñado del presunto autor material.

e) Detención de los presuntos culpables. Captura, liberación y nueva captura del presunto coautor material del crimen

Pocos días después de estas declaraciones testificales, el caso Gerardi se activó de forma espectacular. La jueza del caso, la ya citada Flor de María García Villatoro, a la vista de nuevas evidencias probatorias, ordenó la detención de tres militares, un eclesiástico y una persona civil.

“La Policía Nacional Civil (PNC) capturó al coronel retirado Byron Disrael Lima Estrada (ex jefe de Inteligencia Militar) y a su hijo, el capitán Byron Lima Oliva (del EMP), así como a la cocinera Margarita López (de la casa parroquial), por su presunta implica­ción en el asesinato de monseñor Juan Gerardi.“

“El 22-1-00 fue capturado en la aldea Río de Paz, Quezada (Jutiapa), el ex especia­lista del Estado Mayor Presidencial (EMP) José Obdulio Villanueva Arévalo, bajo el cargo de ejecución extrajudicial cometida contra el obispo Juan Gerardi.”

“La jueza del caso Gerardi, Flor de María García Villatoro, también giró orden de captura contra el sacerdote Mario Orantes; sin embargo, ésta no se logró efectuar ya que el religioso se encuentra desde hace varios meses en Estados Unidos.”

“El Juzgado Segundo de Instancia Penal dictó auto formal de prisión y dejó for­malmente sujetos a proceso penal al coronel, al capitán y al especialista del Ejército, bajo el cargo de ejecución extrajudicial.” (374)

La acusación se configuraba, por tanto, en estos términos generales: el ex sargento espe­cialista del EMP Villanueva Arévalo, como presunto autor material de la muerte del obispo; el capitán del EMP Lima Oliva y su padre, el coronel retirado Lima Estrada, como presuntos instigadores, planificadores y proveedores de los medios para el crimen; el sacerdote Mario Orantes y la cocinera Margarita López como presuntos colaboradores en algún grado de encubrimiento o posible complicidad, dada la probabilidad de que ambas personas, viviendo en la misma casa del crimen, fueran, como mínimo, y pese a su negativa, testigos ocula­res -in­cluso involuntarios- de todo o parte de lo que allí sucedió. No resulta difícil imaginar, por otra parte, las graves y directas amenazas a las que ambas personas podían estar sometidas para impedirles declarar lo que quizá llegaron a ver.

En cuanto al presunto coautor material, hay que hacer notar que el ex sargento Villanueva acababa de cumplir una condena de cárcel por la muerte a tiros de un individuo, cuando supuso que éste iba a atentar contra el presidente Alvaro Arzú (de cuya escolta de seguridad Villanueva formaba parte dentro del Estado Mayor Presidencial), hecho producido en un paraje próximo a la ciudad de antigua Guatemala en 1996. Por esta muerte, había sido condenado a cuatro años de prisión conmu­tables.

Este encarcelamiento del ex sargento vino a complicar la recién mencionada hipóte­sis sobre el asesinato de Gerardi, ya que Villanueva teóricamente se hallaba en prisión el día de la muerte del obispo. Tras ver conmutada su sentencia, abandonó la cárcel: pero lo hizo el día 28 de abril, exactamente dos días después de la fecha del crimen. Conclusión: el 26 de abril el ex sargento estaba todavía en la prisión, luego no pudo ser él quien asesinó al obispo. Esta coartada obligó a la jueza a ponerlo en libertad, decisión que fue inmediatamente recurrida por el fiscal:

“El Juzgado Segundo de Primera Instancia ordenó la libertad de José Obdulio Villanueva, capturado el 22-1-00 al vinculársele con el asesinato del obispo Juan Gerardi Conedera.” Vincula­ción basada en “la declaración del testigo clave, Rubén Chanax Sontay, quien aseguró haberlo visto la mañana y la noche del crimen.”

“El fiscal Zeissig dijo que interpondrá recurso de apelación. Señaló que ‘no se dio valor al hecho de que el imputado, estuviera o no detenido, gozaba de privilegios en prisión, así como tampoco a las declaraciones del testigo clave, ni incluso al careo’.”

“Por su parte, autoridades de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado señalaron que hay evidencias de que Villanueva gozaba de privilegios en la prisión de Sacatepéquez, y que estaba fuera el día del crimen.” (375)

La investigación de la fiscalía (MP) iba a demostrar hasta qué punto llegaban esos privilegios que el ex sargento gozaba en prisión, y que, según se pudo comprobar, llega­ban hasta el extremo de no pisar la prisión durante meses enteros:

“De un peritaje grafotécnico efectuado por el Ministerio Público (MP) se deduce que José Obdulio Villanueva, ex sargento del Estado Mayor Presidencial (EMP), no estuvo en prisión durante febrero, marzo y abril de 1998, pues otras personas firmaron por él la nómina de su salario desde la cárcel de Sacatepéquez.” (376)

A este nuevo dato -la falsedad de la permanencia en prisión del imputado o, como mínimo, su gran libertad de movimientos para ausencias cortas o largas- vino a sumarse otro testimonio decisivo: el de otro recluso, Gilberto Gómez Limón. Este atestiguó otro hecho de gran relevancia: Villanueva estuvo en la cárcel el día 26 de abril; pero salió de ella por la mañana, y volvió a abandonarla por la tarde, no regresando hasta altas horas de la mañana siguiente:

“El reo (Gómez Limón) afirma que el imputado salió de la prisión (…) el 26-4-98 en horas de la mañana, regresó y salió nuevamente el mismo día, y volvió a la cárcel a las seis horas del día siguiente.” (377)

Tenía, en efecto, plena lógica que Villanueva, después de su ausencia de meses, acudiera a la cárcel en la fecha adecuada, con un doble objetivo: dejar constancia de su presencia en ella el día del crimen (día 26), y hallarse también en ella en la fecha prevista (día 28) para su liberación, por con­mu­tación de su sentencia anterior.

Por otra parte, la ausencia de Villanueva de la cárcel en la mañana y la noche del día 26 concordaba, a su vez, con la declaración previa del antes citado testigo ocular, el indigente Chanax, que lo vio aquella mañana y aquella noche en la casa parroquial:

“El testigo Rubén Chanax Sontay afirmó que vio al imputado (el ex sargento Villanueva) el día de los hechos, durante la mañana y por la noche, cuando llegó acompañado del capitán Byron Lima Oliva, otro de los procesados.” (378)

Ante estas nuevas evidencias, la jueza García Villatoro ordenó que el ex sargento fuera capturado por segunda vez, manteniendo su acusación contra él.

f) Acusación formal contra los militares imputados. Nuevos hostigamientos y amenazas a jueces, fiscales y testigos

Dos semanas después, y coincidiendo con el segundo aniversario (26-4-2000) del asesinato del obispo, el fiscal formalizaba su acusación:

“El Ministerio Público (MP) planteó acusación formal por delito de ejecución extraju­dicial contra el capitán Byron Lima Oliva, el coronel retirado Byron Lima Estrada y el ex especialista del Ejército Obdulio Villanueva, acusados de participar en el asesinato de monseñor Juan Gerardi Conedera.”

“Durante la conmemoración del segundo aniversario del asesinato de monseñor Gerardi se dio a conocer que la Iglesia Católica se constituyó en ‘querellante adhesiva’ (acusación particular) del caso y estará representada por Nery Ródenas y Mario Domingo, miembros de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHAG).” (379)

Esta acusación formal efectuada por el fiscal Leopoldo Zeissig en abril del año 2000 venía a demostrar la flagrante omisión cometida veinte meses antes (agosto de 1998), cuando la ODHAG –co­mo ya vimos- pre­sentó al Ministerio Público los dos nombres fundamentales del caso (los dos Byron Lima, padre e hijo) y las fuertes evidencias que los señalaban como presuntos autores, sin que el fiscal especial que llevaba el caso en aquellas fechas (Otto Ardón) hiciera nada efectivo al respecto, dedicado como estaba a considerar las más estrafalarias hipótesis, como, entre otras, las del ataque canino y del crimen pasio­nal. El resul­tado de aquella omisión fue de muchos meses malgas­tados en pistas falsas y perdidos para la verdadera investigación.

En cambio, la actuación del fiscal Zeissig merece otra muy distinta calificación, pues fue capaz de desarrollar una línea de acusación mucho más seria, valiente y profesional, cuyo fruto fue el procesa­miento de los militares ya mencionados, dictado por la jueza García Villatoro, paso increí­ble­mente difícil y arriesgado (para ambos, jueza y fiscal) en un país como Guate­mala.

Otro paso notable emprendido por el mismo fiscal fue la petición de procesamiento -por falso testimonio y encubrimiento- contra otro militar, esta vez oficial de la Armada:

“Con el argumento de que encubrió al ex miembro del Estado Mayor Presidencial (EMP) José Obdulio Villanueva, al haber aseverado que estuvo presente cuando el reo firmaba la nómina salarial, el Ministerio Público (MP) solicitó abrir proceso contra el ex secretario de la citada dependencia militar, capitán de fragata Carlos René Alvarado Fer­nán­dez.”

“La fiscalía que investiga el asesinato de monseñor Juan Gerardi considera que el ex guardaespaldas presidencial no permaneció en prisión durante febrero, marzo y abril de 1998, porque un peritaje grafotécnico indicó que otras personas firmaron en su lugar.” (380)

Este falso testimonio, dado que el declarante afirmó haber presenciado un hecho que no se produjo (las sucesivas firmas de Villanueva en unos meses en que éste no estuvo en la cárcel), así como la falsa atribución al ex sargento de tales firmas, que según la posterior peritación grafológica fueron efectuadas por otras personas, dieron base al fiscal para solicitar este nuevo procesamiento de otro militar.

Sin embargo, esta vez la decisión de la jueza no consistió -por el momento- en procesar al imputado sino en ordenar que se profundizasen las averiguaciones sobre su conducta y sobre sus responsabilidades administrativas como secretario del EMP.

Entretanto, una serie de funcionarios y personas participantes en el caso sufrían diversas formas de amenazas y hostigamientos. Después de las amenazas ya referidas contra el director de la ODHAG y su familia, y contra el juez y el fiscal que hubieron de exiliarse, como vimos, en Estados Unidos y Canadá, sus sucesores en ambos cargos siguieron siendo víctimas de presiones y amenazas de diverso tipo.

Un mes después de las detenciones, el fiscal denunció el acoso telefónico que sufría:

“El fiscal especial que investiga el asesinato del obispo Juan Gerardi, Leopoldo Zeissig, interpuso una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana por hostigamiento telefóni­co.” (381)

Al mes siguiente, el acoso continuó en forma de persecución por un vehículo con hombres armados:

“El fiscal Zeissig y su equipo dieron a conocer que son objeto de intimidaciones. (…) Un vehículo Cherokee, color negro, vidrios polarizados, placas particulares 483-716, en cuyo interior viajaban al menos tres hombres armados, se acercó al suyo con el propósito de intimidarlo. La autopatrulla que custodia a los fiscales se percató de lo ocurrido e inició una persecución que culminó cuando el carro ingresó a la calle donde se encuentran las dependencias del Estado Mayor Presidencial (EMP).” (382)

La propia jueza del caso, y sus colaboradores inmediatos, tampoco se vieron libres de este hostigamiento:

“En tanto, la jueza Flor de María García Villatoro, a cargo del juicio para esclarecer la muerte del obispo Juan Gerardi, denunció que es objeto de acoso por parte de desconocidos que, desde el pasado fin de semana, la siguen a bordo de dos vehículos que se mantienen estacionados frente a su residencia.”

“En la denuncia se indica que también es víctima de intimidaciones Patricia Mejía, oficial del juzgado que preside la jueza Villatoro.” (383)

A su vez, el testigo que informó de la ausencia de Villanueva de la cárcel el día del crimen, fue amenazado de muerte, conminándole a no ratificar su declaración:

“El testigo Gilberto López Limón ratificó sus declaraciones testimoniales ante la Juez Segunda de Instancia Penal en el proceso que se sigue para esclarecer el asesinato de monseñor Juan Gerardi. Gómez Limón, quien declaró en calidad de anticipo de prueba, por amenazas de muerte recibidas, afirmó que el especialista Obdulio Villanueva le confe­só haber salido de la cárcel (…) el día en que fue asesinado el obispo.” (384)

“Por su parte, el fiscal Leopoldo Zeissig expuso en la diligencia que el testigo y su familia fueron intimidados, para evitar que testificara.” (385)

De hecho, el principal testigo –el indigente Chanax-, víctima de presiones y amena­zas insos­te­nibles, abandonaba el país el día 24 de abril bajo protección oficial:

“Rubén Chanax Sontay, el indigente cuyas declaraciones llevaron a la captura de tres militares, salió del país amparado bajo la Ley de Protección del Testigo.” (386)

“De acuerdo con Leopoldo Zeissig, fiscal del caso, el hecho de que Chanax Sontay haya abandonado el territorio nacional no significa que deje de participar en el proceso para esclarecer el asesinato del obispo Juan Gerardi.” (387)

g) Apertura del juicio oral. Nuevos obstáculos y entorpecimientos

A pesar de la serie de amenazas y hostigamientos ya vistos, la jueza siguió adelante con el proceso hasta que, el 18 de mayo de 2000, dispuso la apertura de juicio oral:

“La jueza segunda de Primera Instancia Penal, Flor de María García Villatoro, dictó apertura de juicio contra el capitán Byron Miguel Lima Oliva; su padre, coronel retirado Byron Disrael Lima Estrada, y el ex especialista del Estado Mayor Presidencial Obdulio Villanueva, por la ejecución extrajudicial de monseñor Juan Gerardi.”

“García Villatoro basó su resolución en las declaraciones de testigos como Rubén Cha­nax Sontay, quien afirmó haber visto (llegar al lugar del crimen) a Lima Oliva y a Villanueva la noche del 26 de abril de 1998.”

“A su vez, Lima Estrada fue acusado por el testimonio de los dos ex ministros de Defensa, generales Héctor Mario Barrios Celada y Marco Tulio Espinosa, quienes infor­maron que la placa P-3201, del vehículo donde presuntamente llegaron esa noche los ejecutores del crimen, perteneció a otro automotor de la Base Militar nº 8 de Chiquimula, que estaba a cargo, en aquel entonces, del citado coronel.” (388)

Obviamente, por una parte, el dato aportado por Chanax –que vio llegar a la casa parroquial momentos antes del crimen al ex sargento Villanueva, presunto coautor mate­rial, acompañado del capitán Lima Oliva-, así como, por otra parte, las salidas del mismo capitán des­de el EMP, detalladas en el testimonio de Aguilar Martínez y observadas por éste desde su privilegiado puesto de vigilancia y control en el propio EMP -especialmente la ultima salida del citado oficial acompañado de personas de rostro tapado, muy poco antes de la hora del cri­­men, y con el mismo coche blanco que sería visto en el lugar de los hechos-, eran datos y testimonios que colocaban al imputado en una situación de escapa­toria prácticamente imposible, ante el tribunal compe­tente en cualquier país normal.

A partir de ahí, la secuencia de los acontecimientos en un país judicialmente normal sería la lógica e inevitable: celebración del juicio oral, emisión de sentencia, recursos de las partes, fallo de éstos en un plazo razonable, sentencia firme y cumplimiento de ésta. Pero Guatemala tiene tan poco que ver con un país judicialmente normal que los hechos producidos después se alejaron notable­mente de esta secuencia natural.

Para empezar, el tribunal quedó sin presidente, por cese supuestamente voluntario del juez que lo iba a presidir:

“El juez Alexis Calderón Maldonado, nombrado para presidir el Tribunal Tercero de Senten­cia, a cargo del juicio oral contra cinco acusados del asesinato del obispo Juan Gerardi, se excusó de dirigir dicho Tribunal.” (389)

Ningún dato se añade, en el texto que citamos, sobre las motivacio­nes del juez pre­si­dente para excusarse de dicha responsabilidad, abandonando un juicio de impor­tancia tan fundamental. Sin embargo, no hacen falta grandes dotes adivinatorias para comprender que este hecho se inscribe en la persistente tradición guatemalteca, según la cual, en los procesos contra acusados importantes, los jueces y fiscales se ven sometidos a unas presiones de todo género y de enorme magnitud, características de esta clase de juicios. En este caso concreto, el tipo de hostiga­mientos, chantajes o amenazas directas ejercidas contra el citado juez o contra su familia quedan, inevitablemente, a la libre imaginación del lector, aunque, objetiva­mente, el beneficio de la duda no debe descartarse de forma total sobre cuál pudo ser su verdadera motivación.

Semanas después, el fiscal informaba de la fuga al exilio de otra persona que se disponía a prestar testimonio en el juicio oral:

“El fiscal del caso Gerardi, Otto Zeissig, confirmó la partida al exilio de Carmen Sanabria, quien presentaría su declaración en el proceso que se sigue por la muerte del obispo.”

“Zeissig dijo que la testigo salió del país la semana anterior, debido a una serie de amenazas que recibió y a un intento de allanamiento de su domicilio.”

“Sanabria es la séptima persona (relacionada con el caso Gerardi) que abandona el país por razones de seguridad.” (390)

 

Otro de los factores que obstaculizan a la justicia en este tipo de casos procede de los entorpecimientos interpuestos por la defensa, encomendada -cosa lógica y esperable, por otra parte- a abogados sin escrúpulos, expertos en hábiles artimañas legales, destina­das precisamente a burlar la ley al servicio de la impunidad.

De este género fue el siguiente obstáculo, esta vez procedimental, que iba a inter­po­nerse en el camino de la justicia. A los varios recursos ya presentados desde el principio por la defensa de los imputados Byron Lima, padre e hijo, desde que éstos fueron capturados por orden judicial, vino a sumarse otro nuevo recurso, por un motivo ridícu­lamente formalista, pero eficaz a los efectos de paralizar temporalmente el proceso:

“Un nuevo recurso de amparo presentado por el defensor de los militares Byron Lima Oliva y Byron Lima Estrada, acusados por el asesinato del obispo Juan Gerar­di, está retrasando el juicio y pone en riesgo las evidencias recabadas por el Ministerio Público (MP), aseguró el fiscal especial del caso, Leopoldo Zeissig.”

“El recurso fue presentado por Julio Cintrón Gálvez, el 18-8-2000, ante la Sala Déci­ma de Apelaciones y plantea que la apertura a juicio contra sus defendidos fue anómala, pues se les pidió que firmaran un acta que no está normada por el Código Procesal Penal.” (391)

Un acta “que no está normada”, he ahí el detalle -entre tantos otros posibles- capaz de paralizar la maquinaria de la justicia, no precisamente en un juicio de faltas ni por un delito de hurto, sino en un proceso por asesinato, cuya víctima fue no sólo una importante autoridad eclesiástica sino, mucho más que eso, un gran defensor de los derechos humanos en un ámbito de extrema peli­gro­sidad.

Pero el propósito de entorpecer y retrasar el juicio también se manifiestaba por otras vías, y así lo señala el fiscal Zeissig:

“Según el fiscal, el juicio podría fraccionarse en dos distintos: uno para juzgar al sacerdote Mario Orantes Nájera y a la cocinera Margarita López, acusados de encubrimiento. En el segundo se enjuiciaría a los militares mencionados, y al también militar Obdulio Villanueva.”

“Esta división del proceso representaría un obstáculo para el fiscal, quien prevé que, de procederse así, las evidencias y las declaraciones de los testigos se contami­narían, perjudicando la objetividad.” (392)

En efecto, la fragmentación del caso en dos diferentes juicios, situando primero el del sacerdote y la cocinera, ambos por presunto encubrimiento (juicio que podría prolon­garse por un tiempo indeterminado), y dejando para después el juicio verdaderamente ineludible y urgente (el de los presuntos asesinos del obispo), constituiría, en caso de efectuarse, otra hábil estrata­gema en el sentido de retrasar lo más posible el verdadero juicio, ganando otro nuevo margen de tiempo para falsear los datos del caso, forzando además -por las muchas vías posibles- declaraciones falsas de los acusados Orantes y López, así como de diversos testigos, posible desaparición de pruebas –como tantas otras veces-, posible aportación de elemen­tos de prueba “contaminados”, etcétera, factores, todos ellos, distorsivos que después repercutirían negativamen­te para un correcto establecimiento de los hechos en el juicio posterior.

En cambio, un juicio único y lo más rápido posible contra los cinco acusados, imputando a cada uno de ellos sus responsabilidades individualizadas -según el planteamiento inicial del proceso y el propósito del fiscal Zeissig-, permitiría abordar desde el principio los testimonios y pruebas centrales, referentes a la acusación central sobre el hecho central -el asesinato del obispo-, reduciendo así al mínimo posible la incidencia de los intentos de falseamiento y contaminación de evidencias. Factores que -como vimos- ya se manifestaron desde el momento del crimen, mientras que otros, previsiblemente, se producirían a lo largo del proceso, tanto más cuanto más durase éste, y siempre tendentes al logro de la impunidad de los militares imputa­dos.

La posición del fiscal resultaba, en definitiva, totalmente justa y comprensible, ya que –en un marco como el guatemalteco- todo aplazamiento del verdadero juicio se traduciría, de hecho, en una descarada ampliación de los márgenes de la impuni­dad, al prolongar las posibilidades de ejercer nuevas presiones, nuevas amenazas, nuevo silenciamiento de testigos, nuevas renuncias de jueces o fiscales, nuevas fugas al extranjero de personas clave del juicio, así como la muy posible desapa­rición de eviden­cias probatorias. Evidencias y pruebas cuya peligrosa tendencia a desapa­re­cer en los juzgados guatemaltecos había quedado ya sobradamente demostrada en casos anteriores como -entre otros- el asesinato de Jorge Carpio Nicolle.

h) Celebración del juicio. Sentencia condenatoria, tan justa como inesperada

Un día antes de la fecha fijada para la apertura del juicio oral sobre el asesinato del obispo Gerardi, unos desconocidos arrojaron dos granadas contra la casa de la jueza Yasmín Barrios, sin duda para dejar bien claro que todos los participantes en el juicio seguían bajo la directa amenaza de los poderosos valedores de la impunidad.

Pese a esta intimidación y a la larga serie de entorpecimientos y amenazas que lo precedie­ron, gracias a la admirable tenacidad y entereza moral de algunos concretos jueces y fiscales, el juicio oral –que duraría dos meses y medio- pudo celebrarse al fin, y la sentencia fue emitida el 8 de junio de 2001.

Así, en medio de ese ambiente de hostilidad, con amenazas y coacciones de todo género –to­do ello muy propio de este tipo de casos en la Guatemala de hoy-, el juicio comenzó el 23 de marzo de 2001. Tras dos meses y medio de audiencias, el tribunal dictó una sentencia que se hubiera calificado de normal en cualquier país normal, pero que en Guatemala consti­tuía un acontecimiento sin precedentes: 30 años de prisión inconmutable al coronel Byron Lima Estrada; a su hijo, el capitán Byron Lima Oliva, así como al subo­ficial especialista Obdulio Villanueva, en calidad de coautores del crimen. El sacerdote Mario Orantes fue considerado cómplice y sentenciado a 20 años, mientras que la emplea­da doméstica, Margarita López, acusada de encubrimiento, resultaba absuel­ta. El capitán Lima Oliva era también condenado a otros dos años adicionales, por falsificación de docu­men­tos.

El Tribunal consideró el crimen como una ‘ejecución extrajudicial’, perpetrada con medios y personal del Estado, e impulsada por un evidente ‘móvil político’: el propósito de atemorizar y disuadir a todo aquél que pretendiese seguir investigando o exigiendo res­pon­sa­bili­dades sobre las masacres perpetradas durante los años de la represión.

Por otra parte, el Tribunal ordenaba a la fiscalía continuar con sus pesquisas para hallar a los autores intelectuales y a otros posibles autores materiales del crimen. Asimismo decidió dejar abier­to el procedimiento y ordenó investigar penalmente al coronel Rudy Vinicio Pozuelos, entonces jefe del EMP, así como al mayor Francisco Escobar, su segundo en el mando, y a otros oficiales y funcionarios entonces destinados en el mismo centro militar. Igualmente solicitó abrir proceso, por falso testimonio, a varios de los testigos cuyas declaraciones dolosas trataron de exculpar al autor material, Obdulio Villanueva.

Para una sociedad habituada a la impunidad absoluta de los militares de cierta jerarquía, y a la absoluta imposibilidad de obtener sentencias condenatorias para cierto tipo de acusados, por muy graves que fueran los crímenes cometidos, dado el sistemático recurso criminal a todos los medios de coacción, incluido el asesinato –como ya pudo verse dentro de las vicisitudes procesales de los casos Carpio y Mack, que costaron la vida a honrados funcionarios policiales dispuestos a decir la verdad-, esta sentencia constituía un hecho histórico de notable magnitud. El hecho de haber resistido valerosa­mente tan graves presiones y amenazas, llegando hasta el final del juicio y consiguiendo unas condenas de 30 años para un coronel y otro oficial –sin perjuicio de la misma condena para el autor material, de baja graduación militar-, sólo podía ser calificado como un logro espectacular de la habitualmente muy débil justicia de Guatemala. Logro tanto más destacado cuanto que uno de los condenados –el capitán Lima Oliva- prestaba sus servicios en un importante puesto operativo, dentro de un organismo encar­gado de misiones secretas de tan largo alcance y acreditada criminalidad como el EMP. Todo ello constituía una espectacular ruptura de los muy sólidos mecanis­mos de la impunidad militar. Una cosa era condenar a 30 años a un sargento especialista o a un miembro de las PAC como autor material, lo cual ya tenía precedentes (casos Mack y Carpio, una vez más) y otra muy diferente, e inédita, era condenar a esa misma pena a un coronel y a un capitán. (Es de notar que la condena a 30 años dictada contra el coronel Valencia Oso­rio en el caso Mack no llegaría hasta más de un año después, en octubre de 2002. Pero en junio de 2001 este tipo de sentencia para un coronel carecía de todo antece­dente similar).

Por todo ello, el impacto causado por esta sentencia en los medios internacionales y en los sectores democráticos de la propia sociedad guatemalteca fue de considerable sorpresa y satisfacción. La misión de la ONU en Guatemala (MINUGUA) señaló el signifi­cado de la sentencia como “un hito importante en el fortalecimiento del Estado de Derecho y en la lucha contra la impu­nidad”. En términos similares se expresaron Richard Boucher, porta­voz del Departamento de Estado norte­ame­ri­cano; John Manley, ministro de Asuntos Exteriores canadiense; José Miguel Vivanco, di­rec­tor para las Américas de Human Rights Watch, y entidades tales como la organización estado­unidense Red de Solidaridad con el Pueblo de Guatemala y la Comisión de Derechos Humanos de Centroamérica (Codehu­ca), entre otras personalida­des e instituciones.

Por supuesto, hubo que pagar el precio correspondiente. Tres semanas escasas después de la sentencia, el ejemplar fiscal Leopoldo Zeissig, víctima de nuevas amenazas de muerte dirigidas contra él y su familia, presentaba al fiscal general la renuncia irrevocable a su puesto y, acompañado de su esposa y su hijo, abandonaba el país por la frontera de El Salvador. Otros ya lo habían hecho antes que él, y otros lo harían después. En efecto , las constantes amenazas ejercidas a lo largo de este proceso habían dado lugar al exilio de –como mínimo, y según ya vimos- el juez Henry Monroy, el fiscal Selvin Galindo, el militar Jorge Aguilar Martínez, el indigente Rubén Chanax Sontay, y la testigo Juana del Carmen Sanabria (posteriormente regresada al país), y, ya después de la sentencia, el ya citado fiscal Leopoldo Zeissig. No terminó ahí, sin embargo, la lista de exiliados del caso Gerardi. Poco después, la propia jueza Yasmín Barrios, una de las magistradas que dictó la sentencia (recordemos las dos granadas de mano que fueron arrojadas contra su casa la víspera de la apertura del juicio), recibía nuevas amenazas tan graves y directas que también la obligaban a abandonar el país, al que regresaría tiempo después.

i) Nuevo triunfo de la impunidad: revocación de la sentencia condenatoria en el caso Gerardi. Posterior anulación judicial de esta revocación. Nuevos asesinatos de testigos

Por desgracia, la impunidad volvió a jugar su potente baza, anulando todos los esfuerzos anteriores. Aquella esperanzadora sentencia de junio de 2001 sobre el caso Gerardi fue revocada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones dieci­séis meses después, el 8 de octubre de 2002. El heroísmo que caracterizó a los jueces del tribunal de primera instancia no acompañó a sus colegas de la instancia de apelación. Ésta, haciendo suyos los argumentos de la de­fensa, alegó “deficiente valoración de la prueba”, ordenando la repetición del juicio. Como si aquellos jueces y fiscales que resistieron las presiones y amenazas, como si aquellos testigos que declararon con gran riesgo y tuvieron que salir al exilio, pudieran regresar a Guatemala para declarar de nuevo, reviviendo aquella pesadilla que tuvieron que padecer.

Desgraciadamente, esta patética revocación de aquella sentencia devolvía las cosas a sus habituales e infames parámetros de impenetrable impunidad. Así como el año 2001 supuso la apertura de una cierta esperanza de justicia en el ámbito judicial guatemalteco con la sentencia del caso Gerardi, condenatoria –como vimos- de tres militares (un jefe, un oficial y un suboficial) en calidad de coautores, el año 2002, por el contrario, significaba el regreso a la siniestra normalidad anterior.

Por añadidura, a finales del mismo 2002, se producía otro trágico episodio en esa sangrienta lucha por la recuperación de la impunidad. El 19 de diciembre era secuestrado y asesinado Noé Gómez Limón, hermano de Gilberto Gómez Limón, el recluso que en su día testificó que el sargento Villanueva había permanecido ausente de la cárcel durante las horas del asesinato del obispo, otro importante dato que posibilitó la condena del sargento. Esta nueva víctima mortal, según su declara­ción judicial, había sido presionada para que impidiera la declaración de su hermano Gilberto, y así lo declaró ante el tribunal del caso Gerardi:

“Noé Gómez declaró (…), en el juicio por el asesinato de monseñor Juan Gerardi, que fue presionado para convencer a su hermano que no declarara haber visto al ex especialista del Ejército Obdulio Villanueva salir y regresar a su celda en la cárcel de Antigua Gua­te­mala, la noche del 26-4-98.” (393)

Lo intentara o no, lo cierto es que el citado Noé no logró el silencio de su hermano, quien atesti­guó la ausencia del sargento Villanueva de su celda carcelaria en las horas decisivas del asesinato del obispo. Dato que, junto a otros, resultó decisivo para su condena a 30 años de prisión. El resultado de no haber silenciado a su hermano Gilberto fue mortal para Noé, como para otras víctimas de la triste historia judicial de Guatemala:

 

“Noé Gómez fue secuestrado en su casa (el 19-12-02) por un hombre armado. Ese mismo día apareció muerto con tres tiros en la cabeza en un sector de la cuesta de Villalobos, cercano a la zona 12 capitalina.” (394)

La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado señaló que este tipo de presiones y de crímenes (tan incrustados, por otra parte, en la tradición guatemalteca), tendentes al silenciamiento coactivo de todo tipo de personas participantes en los procesos judiciales, podría afectar al nuevo juicio, pendiente de repetición por la sentencia anulatoria producida meses atrás. En efecto, según manifestaba la ODHAG, la forzada ausencia de testigos de peso como consecuencia de las intimida­ciones, fugas y eliminaciones físicas “podía dejar sin elementos probatorios las acusaciones contra los tres militares imputados.” (395)

Hay que señalar que en el año 2003 se registró un hecho judicial positivo y esperanzador: el 11 de febrero, la Corte Suprema invalidaba la penosa decisión del Tribunal de Apelaciones de octubre de 2002, por la que éste había revocado, a su vez, la sentencia condenatoria de 30 años a los tres militares imputados por el asesinato del obispo Gerardi. Aquella sentencia del tribunal de prime­ra instancia recuperaba, por tanto, su vigencia, sin perjuicio de posibles recursos posteriores de los imputados. De momento, los militares presuntos culpables continuaban condenados a 30 años sin necesidad de repetición del juicio, y la causa quedaba pendiente de ulteriores pasos judiciales. La pelota volvía, por tanto, al tejado de la justicia, prolongando nuevamente la incertidumbre sobre el desen­lace final por sentencia firme, no alcanzado aún.

Pero, justo al día siguiente de esta esperanzadora noticia, se producía otro hecho luctuoso, adverso a la justicia y favorecedor de la impunidad. Un sangriento motín estallaba en la cárcel para presos preventivos de la ciudad de Guatemala. En ella se encontraban los militares encarcelados por los casos Gerardi y Mack, imputados por los respectivos asesinatos (salvo el coronel Lima, recluido en otro lugar por problemas de salud). Los presos por delitos comunes venían quejándose, infructuo­samente, de que estos militares disfrutaban de privilegios inadmisibles en la prisión, y de que los funcionarios de ésta les permitían ejercer una indebida autoridad sobre los demás reclusos. El 12 de febrero, un numeroso grupo de presos comunes, provistos de armas diversas, introducidas clandesti­namente en el recinto, atacaban el sector de éste donde, entre otros presos, se hallaban los citados militares. El motín produjo numerosos heridos y siete muertos, cuatro de los cuales resultaron decapitados. Uno de los decapitados no era otro que el ex sargento especialista del EMP Obdulio Villanueva, condenado a 30 años por el asesinato de monseñor Gerardi, importante pieza como imputado pero también como decisivo testigo de dicho asesinato, en cuanto a la información que podía y debía aportar sobre los jefes que le ordenaron su actuación criminal y demás autores que pudieron acompañarle en la ejecución del crimen. Los otros militares imputados resultaron ilesos y fueron trasladados a otros recintos penitenciarios.

Estos hechos dieron lugar a que Amnesty International emitiera un comunicado en el que, entre otras cosas, decía:

“Tememos que el asesinato de Villanueva estuviera planeado y que se le haya eliminado por ser un posible testigo de cargo contra los dos militares de mayor graduación presuntamente impli­cados en el asesinato del obispo, cuyo procesamiento continúa.” (…) “Con la muerte de Gómez Limón (y la del propio Villanueva) son ya diez los homicidios de testigos del caso Gerardi.” (…) “Si el sacerdote Mario Orantes o los otros dos militares presos consiguen apelar con éxito contra la sentencia condenatoria y se vuelve a abrir la causa ante la Corte, tememos que resulte más difícil mantener la sentencia original, porque se eliminará a muchos testigos o se les intimidará para que guarden silencio.” (…) “Es esencial que se investiguen exhaustivamente los disturbios de la prisión para identificar no sólo a los responsables de las muertes de presos, sino también a cualquier agente de policía, militar o guardia de la prisión que pueda haber participado en la planificación de los disturbios o haberlos permitido.” (396)

En efecto, dada la larga experiencia de las fuerzas represoras guatemaltecas, y muy especial­mente del EMP, en la preparación y ejecución de asesinatos de Estado enmascarados bajo la apariencia de delitos comunes, resultaba sumamente plausible la sospecha de que la entrada gradual de armas en la cárcel y su llegada a manos de determinados presos, la negligencia de determinados vigilantes para que tales movimientos no fueran detectados, la posible connivencia de ciertos guar­dias para que los amotinados pudieran salir de su pabellón e irrumpir en el de los militares, y la cer­teza de que entre los degollados estuviera precisamente el que tenía que estar, podían ser puntos perfectamente planificados a priori, como parte de una operación que tuviera por objetivo real la eliminación del principal testigo de cargo, con vistas a la futura vista oral del proceso en cuestión. No eran, pues, descabelladas sino muy lógicas las preocupaciones de la Oficina de Derechos Huma­nos del Arzobispado y las de Amnesty International sobre esta siniestra posibilidad.

 

 

j. Publicación de un libro al servicio de la impunidad. ‘Segunda muerte’ de monseñor Gerardi

Otro lamentable acontecimiento registrado en el año 2003 fue la aparición (publicado en México) del libro titulado “¿Quién mató al obispo? Autopsia de un crimen político”, de Maite Rico y Bertrand de la Grange.

Entre la vasta y variopinta producción editorial generada en el mundo, siempre aparece algún sedicente investi­ga­dor “demostrando” que no existieron los campos de concentración nazis, o que el “gulag” soviético nunca existió, o que –salvando las distancias- nunca se produjeron miles de des­apare­cidos en la dictadura militar argentina. Se trata del fenómeno llamado “negacionismo”, ya visto en el Capítulo 1, y consistente, como se recordará, en que grandes crímenes colec­tivos de enorme magnitud son cínicamente negados por los esta­mentos que los perpetraron y por sus sucesores, así como por sus cómplices y seguidores. Así, tal como allí recordamos, el Estado turco niega todavía el terrible ‘genocidio armenio’ cometido por su ejército en 1915, y el Estado japonés –como también vimos- hace lo mismo con sus brutales masacres de los años 30 en la guerra chino-japonesa, especialmente la espantosa masacre de Nanking en 1937. En este tipo de casos, los perpetradores piensan que, mientras tales crímenes no sean reconocidos, de alguna manera es como si no hubieran sido cometidos. Ahora le toca a Guatemala y, en esta misma línea, el libro citado se propone minimi­zar al máximo –negarlas ya resulta imposible- las atrocidades perpetradas por la represión militar en aquel país, y, en ese contexto de falsea­miento histórico, a través de una inmensa tergiversación, sus autores pretenden negar incluso la culpabilidad de los militares –entonces pre­sun­tos, hoy condenados en sentencia firme- coautores del asesinato del obis­po Juan Gerardi en 1998.

 

 

Por supuesto que el libro contiene algunas verdades de gran obviedad y de conocimiento general, que ya nadie podría negar, tan evidentes como que el asesinato de monseñor Juan Gerardi 48 horas después de presentar el informe Remhi fue un asesinato político y no un crimen común, y que sus autores intelectuales permanecen desco­nocidos e impunes, cosa, por otra parte, tan habitual en tantos casos, y en Guate­mala muy en particular.

En cambio, el libro silencia otros datos de importancia fundamen­tal. Como, por ejemplo, el hecho -mucho menos habitual- de que, en este caso concreto, destacó la entereza casi heroica de algunos investigadores, jueces y fiscales, que les permitió resistir las presiones y amenazas, mientras otros colegas se plega­ban al modelo habitual, consistente en garantizar –como los propios autores del libro- la impunidad de los militares implica­dos en las peores violaciones de derechos humanos. Fue así como, rompiendo aquel arraigado y abominable modelo, después de innumerables dificultades de todo género, se logró en este caso –co­mo ya vimos- condenar justamente, si no a los autores intelectuales y máximos responsables ocultos, sí a tres militares (un coronel, un capitán y un sargento especialista) participantes en la prepara­ción y ejecu­ción del crimen. Aquella sentencia condena­toria en primera instancia, de 30 años de prisión para cada uno de ellos, constituyó un logro sin precedentes en la historia de Guatemala; pero se trata de un logro que los autores del libro comentado se ven obligados a rechazar, pues su tesis –inscrita de lleno en esa línea negacionista anteriormente señalada- no es otra que la de negar, contra todo tipo de evidencias, la culpabilidad de los militares para asegurar su habitual impunidad.

Pues bien: la versión de Rico y De la Grange pertenece a ese tipo de versiones que, para poder ser sostenidas, implican el retorcimiento de los hechos básicos, hasta alcanzar niveles de inimaginable magnitud. Para empezar, el primer fiscal del caso, Otto Ardón, es presentado como un probo funcionario que trataba de profundizar en la verdad. Sin embargo, la penosa ejecutoria de este fiscal en el caso Gerardi se caracterizó por sus persistentes esfuerzos por ocultarla. Sus sucesivas hipótesis de investigación -el robo cometido por indigentes de la vecindad, el crimen pasional sobre la base calumniosa de la homosexualidad de ambos clérigos, a la que después añadió, para mayor morbo, la hipótesis de la agresión canina instigada por el cura Mario Orantes- no fueron búsquedas de la verdad, sino tupidas cortinas de humo arrojadas sobre ella.

Cualquier hipótesis, incluso la más extravagante, resultaba válida para el fiscal Ardón, con tal de no afrontar aquélla que las organizaciones de derechos humanos y el puro sentido común señalaban como de máxima probabilidad: la motivación política. Es decir, la respuesta contundente de las fuerzas ultrarreaccionarias de Guatemala, militares y oligárquicas, contra el informe Remhi y sus terribles constata­ciones sobre la ya cita­da repre­sión militar. En efecto, el informe dirigido por Gerardi había señalado que, de las 150.000 víctimas entonces estimadas del conflicto, un 90% de ellas resultaban atribuidas al ejército y sus fuerzas subordinadas (PMA, PAC, etc.). Aunque después tales cifras fueron incrementadas por el posterior informe más largo y preciso (los doce tomos de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de la ONU), que las situó por encima de 200.000 muertos, de los que un 93% corres­pon­dieron al ejército y fuerzas afines, y un 3% a la guerrilla, quedando un 4% de dudosa imputación), aun así, un año antes de tal informe, la Odhag, dirigida por Gerardi, con su investigación pionera y su admirable informe Remhi, se había anticipado en la tarea de revelar al mundo los horrores de aquella represión. Con estos antecedentes inmediatos, con las características de la sociedad guatemalteca y su historia en el último medio siglo, y con la trayectoria previa del EMP y organismos similares, no era difícil –salvo ceguera deliberada- dedu­cir de dónde venía el golpe mortal contra el director de dicho proyecto de investigación. Pero ésta era la deducción que un fiscal como Ardón no podía extraer jamás.

Related image

Cuando la Comisión para la Defensa de los Derechos Huma­nos en Centroamérica afirmó públicamente contar con “pruebas irrefutables” de que el obispo había sido asesinado por militares pertenecientes al EMP, Ardón –tras medio año de enfoques falsos y elusivos- se vio finalmente obligado a tomar declaración a algunos de los militares señalados. El panorama que vio debió ser tan negro que rápidamente abandonó el caso. Las incorporacio­nes de Selvin Galindo como nuevo fiscal y de Henry Monroy como nuevo juez iban a cambiar las cosas, ya que ambos afrontaron la hipótesis más lúcida y obligada: la del crimen político. Entonces –como ya vimos- se produjeron los avances decisivos hacia la averiguación de la verdad. Pero también se agravaron las amenazas contra éstos y sus familias, hasta que, meses después, ambos hubieron de exiliarse, como también vimos en su momento. Pero las investigaciones habían ya servido para acumular sólidas evidencias, que nunca hubieran sido posibles bajo las tácticas evasivas de Ardón.

El libro citado no sólo ignora u oculta estos hechos sino que su torticera versión llega más lejos aún, pues sostiene en definitiva que los jueces fueron capaces de condenar a unos militares que eran inocen­tes, plegándose a las manipulaciones de la Odhag. Según esta falacia, el fiscal Selvin Galindo, y posterior­mente el también fiscal Leopol­do Zeissig (que tras la sentencia tuvo igualmente que huir con su familia al extranjero), estos dos ejemplares fiscales, que mantuvie­ron la verdadera línea de acusación que hizo posibles las condenas, serían fiscales corruptos, acusación que no caería sobre ellos si hubieran asumido -como Ardón- la barrera infran­queable de la impunidad militar. Barrera que a todo fiscal prudente y políti­camente correc­to, por la cuenta que le tiene, le conviene egoístamente asumir en un lugar como Guatemala. Igualmente, la jueza Yasmín Barrios, según esta ver­sión, sería una profesio­nal dudosa y escasamente competente, en vez de la inta­chable y valerosa magistrada que realmente es. Así lo demostró al mantener su línea sin dejarse ame­dren­­tar por, entre otros actos intimidatorios, las dos bombas que fueron arrojadas contra la fachada de su casa en la víspera de la aper­tura del juicio oral. Al fin, tras el juicio y su sentencia condenatoria, también ella hubo de salir del país, al que regresó tiempo des­pués, donde, todavía amenazada y siempre con escolta, reanudó su difícil función.

¿Acaso deberíamos asumir –como pretenden Rico y De la Grange- que estas personas bene­mé­ritas recién citadas, y otras que, como ellas, fue­ron capaces de mantener las acusaciones soportando presiones y amenazas, son las que actuaron injustamente, y que, en cambio, los funcionarios como Ardón fueron los ejemplares intérpretes de la justicia y la ley? ¿Debería­mos aceptar igualmente que aquellos mismos defensores de los derechos humanos que, bajo la dirección de monseñor Gerardi y en su calidad de máximos colabora­dores de éste, llevaron el peso ejecutivo de la Odhag y la elaboración del informe Remhi se dedi­caron después a fabricar falsas pruebas y falsos testi­monios para acusar y condenar a personas inocentes, tal como pretende el panfleto en cuestión? ¿Ten­dríamos que descalificar también las declaraciones de todos los testigos de las acusaciones, desde las de los indigentes de la vecindad hasta las de aquellos militares situados dentro del propio EMP, que también declararon sobre lo ocu­rri­do en la noche del crimen? ¿Ten­dríamos que rechazar también todos los análisis, averiguaciones y conclusiones de organismos tales como Amnesty, Minugua y la comisión investigadora de la ONU referentes al caso Gerardi, aceptando que todos ellos fueron realizados por gente estúpida, capaz de dejarse engañar como imbéciles, o, peor aun, por gente sin conciencia, capaz de mentir deliberadamente en un grave caso de asesinato? ¿Tendremos que llegar a la conclusión de que los dirigentes de la Odhag y autores del informe Remhi son delincuentes capaces de acumular falsos datos acusatorios para encarcelar por muchos años a personas intachables, y que, por el contrario, los únicos seres angelicales en esta historia de crímenes, amenazas, engaños y oculta­ciones son precisamente los autores del libro citado y los militares condenados por el asesinato del obispo? Nues­tra respuesta a estas preguntas sólo puede ser reflexivamente nega­tiva. Rotunda­mente negativa.

 

Se trata de un libro no ya cuestionable sino rechazable, por el mismo motivo que aquellas obras que pretenden negar el Holocausto y los grandes crímenes históricos. Porque, como es habitual de este tipo de obras, se nutren de argumentos predominantemente falsos y especulativos en lo troncal, aunque se presenten apoyados por una abundante hojarasca de deta­lles supuestamente ciertos en lo periférico. En definitiva, el libro referido se inscribe de lleno en las dos grandes líneas maestras que rigen a las fuerzas represoras latinoamerica­nas en general, y guatemaltecas en especial. Tales líneas maestras, sobradamente conocidas por quienes llevamos muchos años defendiendo los derechos humanos en aquellos ámbitos, son estas dos, ambas fuertemente presentes en el libro que nos ocupa: por una parte, el ataque y descrédito a las organizaciones defensoras de derechos huma­nos (en este caso a una tan importante como la Odhag y a su obra fundamental, el informe Remhi); y, por otra parte, el logro de la impunidad para aquellos militares acusados de graves violaciones de derechos humanos. Ambos lamentables objetivos, tan frecuentes en aquellas sociedades, se ven fuer­te­mente defendidos por el libro en cuestión.

Los profesores Carlos Martín Beristáin (Coordinador del Infor­me Remhi) y Darío Pérez Ro­vi­ra (su Director de Análisis Estadístico y Psicosocial), que tuvieron destacado papel en la elaboración y metodología del tan citado informe “Guatemala: Nun­ca Más”, rechazaron las falacias y tergiversaciones de Rico y De la Grange, a las que contestaron fehacientemente en su alegato titulado “Que no nos roben la Historia”, cuyo texto finalizaba en estos términos: “El libro “¿Quién mató al obispo?” es una negación del genocidio, un insulto a la memoria de las víctimas y a la inteli­gencia de la humanidad.” (398)

En definitiva, asistimos a un segundo asesinato de monseñor Gerardi –al menos en grado de tentativa-, materializado en esta insidiosa forma de intentar matar moral­mente a su obra principal: la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (la ya citada ODHAG) y su impaga­ble informe, que resultan –ambos- atacados y desca­lificados en la persona de sus autores y princi­pales dirigentes. Se pretende, entre otras cosas, caracterizar a sus más destacados miembros como siniestros personajes capaces de cometer graves delitos. Al mismo tiempo se proporciona a los culpables (ya sentenciados como tales) la coartada conducente a su impunidad. Por ambas vías se ataca aviesamente a la causa de los derechos humanos, en uno de los países donde éstos más perentoria­mente necesitan ser defendidos y donde su defensa resulta más problemática y arries­gada.

Aquéllos que luchan por los derechos humanos en Guatemala lo tienen siempre difícil, muy difícil. Ahora lo tienen más difícil todavía, en la medida en que esta insidiosa falsificación consiga engañar, en mayor o menor grado, a un cierto sector de la sociedad guatemalteca. Sólo nos cabe lamen­tar esta nueva manipulación de la verdad, que contribuye a alargar más aún la larga desgracia –la carencia de una verdadera justicia-, penoso déficit que Guate­mala, pese a los magníficos esfuerzos de algunos de sus hombres y mujeres, no acaba de superar. De ahí que cada logro obtenido tenga que ser fruto de arriesgados actos de valor, y aun de heroísmo, en vez de ser –como deberían- actos de plena normalidad social y profesional.
anente coacción. Y segundo, una sentencia claudicante dictada por otros jueces en otro tribunal, cediendo, de forma no precisamente heroica, aunque sí comprensible en términos de debilidad humana, a las presiones de un entorno estamental y social de tan tremenda capacidad agresiva y coactiva. Un marco de amenaza e intimidación radicalmente incompatible con el funcionamiento legítimo y ordinario de la justicia.

La noticia de la absolución de los tres militares, incluida la del coronel ya condenado a 30 años como responsable del asesinato de Myrna Mack, cayó como una bomba sobre las organizaciones defensoras de los derechos humanos a ambos lados del Atlántico, donde fue calificada unánimemente como “un grave retroceso en la lucha contra la impunidad.” Los más caracterizados defensores de derechos humanos en Guatemala expresaron su desolación por la sentencia. “Las personas que luchan por la justicia están de duelo por la absolución de los militares”, dijo Nery Ródenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, quien recordó que fue también la misma Sala (la Cuarta de Apelaciones) la que anuló en su momento la sentencia condenatoria contra los tres militares encarcelados por el asesinato de monseñor Gerardi (aunque fue más tarde desautorizada al ser restablecida la validez de la sentencia inicial). A su vez, el director del Centro de Acción Legal y Derechos Humanos, Frank La Rue, calificó el fallo como “Un precedente nefasto que implica un retroceso y un debilitamiento en la aplicación de la justicia en Guatemala.” A lo que agregó: “Éste era uno de los pocos casos donde se había hecho avanzar a la justicia contra los militares involucrados en graves violaciones. El veredicto es trágico para las víctimas de las atrocidades cometidas por el EMP, y no sólo del asesinato de Myrna Mack.” Mario Polanco, del GAM (Grupo de Apoyo Mutuo) fue aun más lejos y afirmó: “Se trata de una decisión política más que jurídica, destinada a fortalecer el clima de impunidad que existe en el país, así como su proceso de remilitarización”. (411)

Ante esta nueva y penosa evidencia de la deficiente justicia guatemalteca, y ante la imposibi­lidad de condenar en ella a las personas responsables, la familia Mack y su Fundación decidieron llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciando al Estado de Guatemala ante dicha institución supranacional. La cual aceptó el estudio del caso, por cumplir todos los requisitos de su área jurisdiccional.

c) Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenando al Estado de Guatemala por violación de todos los derechos y garantías conculcados en el caso de Myrna Mack, desde su derecho a la vida hasta su posterior derecho a la justicia

La Corte Interamericana, con sede en San José de Costa Rica, y dependiente de la Organización de Estados Americanos con sede en Washington, emitió su larga y densa sentencia contra el Estado de Guatemala en el caso Mack, el día 25 de noviembre de 2003.

Después de profundizar en la responsabilidad del Estado como actor y ejecutor del crimen, y de examinar las múltiples formas posteriores de obstrucción deliberada a la justicia, el organismo jurídico supraestatal emitió su sentencia, que incluía, entre otros muy prolijos detalles, los puntos siguientes:

“La Corte, por unanimidad, declara que:

1. El Estado (de Guatemala) violó el derecho a la vida consagrado en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (…) en perjuicio de Myrna Mack.

2. El Estado (de Guatemala) violó los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (…) en perjuicio de los siguientes familiares de Myrna Mack: (a continuación se enumeran una serie de nombres, entre los que obviamente figura el de Helen Mack, que en su calidad de hermana de la víctima, además de fundadora y presidenta de la Fundación Myrna Mack, sufrió la consecuencias de la denegación de justicia y hubo de vivir más de trece años bajo permanentes amenazas y coacciones atentato­rias contra su integridad física y psíquica, y la de los demás miembros de su familia, sometidos a la misma coacción).

…….

5. El Estado (de Guatemala) debe investigar efectivamente los hechos del presente caso, con el fin de identificar, juzgar y sancionar a todos los autores materiales e intelectuales, y demás responsables de la ejecución extrajudicial de Myrna Mack y de su posterior encubrimiento (…).

6. El Estado (de Guatemala) debe remover todos los obstáculos y mecanismos de hecho y de derecho que mantienen en la impunidad el presente caso, otorgar las garantías de seguridad suficientes a las autoridades judiciales, fiscales, testigos, operadores de la justicia, y a los familiares de Myrna Mack, y utilizar todas las medidas a su alcance para diligenciar el proceso (…)….””””

Quien asesino a Gerardi..?..es conocido el procedimiento de grupos de izquierda o comunistas, el convertir a ciertos personajes en MARTIRES, este fue el caso de Gerardi….?